Apuntan al FpV tras la sublevación de los uniformados

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14/08/2013 | 11:43 El ministro de Seguridad de San Luis, Martín Olivero negó a Cadena 3 que la toma de la Jefatura “tenga que ver con un reclamo salarial”. Evalúan imputar por sedición a los ex policías

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El ministro de seguridad dijo que hay infiltrados (La Mesa de Café)COMPARTIR
El ministro de Seguridad de San Luis, Martín Olivero, dialogó con Cadena 3 y calificó de “locura” la ocupación de la Jefatura Central de Policía por 51 uniformados, que ya fueron pasados a disponibilidad tras haberse autoacuartelado en reclamo de un aumento salarial.

Olivero aseguró que la toma del edificio “no tiene nada que ver con un reclamo salarial” y apuntó a una cuestión política, más precisamente al abogado y ex comisario mayor, Alejandro Miranda.

“Miranda estuvo en todos los autoacuartelamientos que hubo (en 2006, 2009 y ahora). Y hasta hace dos meses fue funcionario de la Municipalidad de San Luis, gobernada por el Frente para la Victoria, opositor al gobierno de la provincia”, sostuvo.

Y agregó: “Es un acérrimo opositor y un militante político”.

“La situación es muy grave porque estas personas, que es un grupo muy reducido de 51 policías pasados a disponibilidad, han tomado la Jefatura Central de Policía, están armados y exhiben una actitud beligerante”, indicó.

Ante los hechos, el funcionario dijo que se hizo la denuncia al fiscal de Estado y al Juzgado Nº 2 para que ordene el desalojo y la detención de los efectivos.

“Irrumpieron en la madrugada de ayer, han roto bienes del Estado, cortaron la luz, tomaron el Comando Radioeléctrico y, prácticamente, han sitiado la Jefatura Central no dejando salir a los automóviles”, describió.

En este marco, Olivero consideró que la actitud de los uniformados estaría a punto de encuadrarse dentro del delito de sedición.

Asimismo, indicó que a través de filmaciones se pudo establecer que hay infiltrados que no son policías, encapuchados y con armas de fuego.

“Estas personas no sólo ponen en vilo a la cúpula policial, que todavía está secuestrada dentro del edificio sino y a la sociedad en general”, señaló el ministro.

Y expresó: “Al igual que lo hicimos el domingo en Villa Mercedes cuando habían tomado la Unidad Regional 2, y se notificó el desalojo y desistieron en forma pacífica, eso esperamos sea la actitud de estos efectivos”.

De no ser así, el funcionario indicó que se dará cumplimiento a la orden judicial.

“Primero los vamos a intimar, luego a denunciar penalmente por desacato a la autoridad, y luego debemos restablecer el orden”, afirmó al tiempo que consideró que “la ciudad de San Luis y la provincia en general no puede quedar presa de 51 efectivos armados y en un estado de locura”.

Y añadió que “dada la gravedad institucional, la resolución del juez es inminente”.

“Tengo la esperanza que estas personas recapaciten y que con la resolución del juez entiendan que un desacato a la autoridad judicial no tiene vuelta atrás”, manifestó.

En tanto, Olivero precisó que el grupo especial COAR está custodiando la sala de armas para que no sea tomada por los efectivos.

El reclamo y conflicto
Los efectivos aducen que el conflicto es por un reclamo de incremento salarial. Piden un sueldo básico de 7.000 pesos.

El ministro de Seguridad indicó que “el policía que recién ingresa cobra 4.200 pesos de bolsillo más adicionales, que en promedio son 2.000 pesos, o sea 6.000 en total”.

“Tenemos la política que todos los empleados públicos cobran lo mismo, todos empiezan con 4.000 y los policías tienen los adicionales”, precisó.

Cabe señalar que el conflicto comenzó con los auxiliares de policía, que es un escalafón nuevo creado durante el gobierno de Albero Rodríguez Saá.

Esta categoría incluyó a gente del Plan de Inclusión, y luego de un curso de cuatro meses ingresaron a la Policía de la Provincia.

La Mesa de Café