Cristina modifica de raíz la Magistratura

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Presidenta_0Por un lado, propone elevar los integrantes del Consejo de 13 a 19. Serán elegidos en las primarias, lo que favorece al oficialismo. Se cambian las mayorías necesarias para echar o nombrar jueces. Además, limitan cautelares contra el Estado.

 

Buenos Aires. Cristina Kirchner anunció anoche el envío de seis leyes para “democratizar la Justicia”. Tienen como punto principal la selección por voto popular en las Paso (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), que se celebrarán el 11 de agosto, de los integrantes no políticos del Consejo de la Magistratura, es decir de los representantes de los abogados, magistrados y académicos-científicos.

El proyecto eleva de 13 a 19 la cantidad de consejeros (en 2006 la misma Cristina, como senadora, redactó la ley que achicó el Consejo de 20 a 13) para darles a los académicos-científicos la misma cantidad de representantes que a jueces y abogados, (6) y a senadores y diputados (6). Hoy ese estamento tiene sólo un miembro.

Cristina había anticipado sus propuestas el 1° de marzo en el Congreso, pero ayer sorprendió a la oposición con una estocada inesperada: se modifican las mayorías necesarias para que el Consejo de la Magistratura tome decisiones. Hoy se necesitan dos tercios para echar o nombrar un juez. Y la propuesta es exigir la mitad más uno de los miembros (10 en la futura composición, 7 en la actual). La decisión tiene sentido ya que la Presidenta dijo que “se respetarán los mandatos” de los actuales consejeros, que vencen a fin de 2014. Para poder tomar antes el control del órgano, donde la oposición frenó decisiones clave, es que se flexibilizan las mayorías. Así, el kirchnerismo controlará aun con la actual composición el Consejo, ya que tiene 8 votos cautivos sobre 13.

“No es politización ni partidización de la Justicia”, se atajó. “Una cosa es la tarea jurisdiccional de los jueces, que es cuando dictan una sentencia, y otra cosa muy diferente es cuando participan del órgano que dirige políticamente al Poder Judicial”, dijo. Aclaró que como los senadores, diputados y el miembro del Poder Ejecutivo tienen el respaldo de los votos, no deberán ir a las Paso.

La mandataria enfatizó la necesidad de que el nuevo Consejo de la Magistratura (donde el kirchnerismo tiene mayoría pero no tiene los dos tercios para remover un magistrado o definir una terna) sea “interdisciplinario” para que “arquitectos, médicos, psicólogos o ingenieros” puedan ser parte, ejemplificó. Sólo se les exigirá a los postulantes los requisitos que se le pide a un candidato a diputado nacional. “No podemos dejar que la Justicia sea manejada por los abogados, que me perdonen mis colegas”, manifestó. Cristina aseguró que su proyecto se apoya en el artículo 114 de la Constitución, algo que la oposición considera que se viola, lo que anticipa un debate duro en el Parlamento.

Concretamente, el proyecto eleva de 13 a 19 los miembros y se incorporan 5 académicos- científicos y un abogado. Así, habrá 3 senadores, 3 diputados, 1 representante del Ejecutivo, 6 académicos o científicos, 3 abogados y 3 jueces. Como no se conoce aún la letra fina, se especula que en agosto se elegirán todos los cargos y que los seleccionados ingresarán a fin de 2014, cuando termine la actual composición su mandato, o bien que ingresarán los 6 nuevos cargos creados y los otros 13 representantes quedarán elegidos en espera hasta 2014, ya que se descarta que haya otra elección el próximo año (se elegiría todo en agosto).

La medida mortifica a la oposición, que busca en las Paso dirimir liderazgos y por eso se dividirá en varios frentes. Y beneficia al oficialismo, ya que la Casa Rosada armará una sola lista para todo el país.

Entre las novedades que cayeron bien está la implementación de concursos previos para que una vez que se genere una vacante en un juzgado, se cubra de inmediato y no haya necesidad de subrogancias eternas. “Habrá una lista de espera y el que esté primero llenará la primera vacante. Terminaremos con las digitaciones”, dijo entre aplausos.

Como la oposición dio el faltazo, Cristina tuvo un auditorio homogéneo. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti (sentado junto al ministro de Justicia, Julio Alak), recibió duras indirectas de la Presidenta. La primera fue cuando explicó el proyecto de Ley de Publicidad de Actos del Poder Judicial (a través de Internet). “Todos podrán saber por qué no sale una sentencia cuando un poderoso no quiere que salga y por qué otros fallos se dictan al calor de la agenda mediática”, dijo.

Cristina también manda al Congreso un proyecto para crear las cámaras de Casación en los fueros Civil y Comercial; Contencioso Administrativo y del Trabajo y la Seguridad Social. Dijo que es para agilizar el trabajo de la Corte, que resuelve por año 9 mil causas, y para “unificar la jurisprudencia” de las cámaras provinciales y las federales. Esos camaristas serán designados con el nuevo sistema.

El segundo gran tema que planteó la Presidenta fue la ley de Regulación de Medidas Cautelares contra el Estado y Entes Descentralizados. “Hay una distorsión del derecho escandalosa”, lanzó. “Estamos pidiendo que se respete el interés público. El particular (que pida la cautelar) deberá demostrar que el perjuicio no es reparable y por eso sólo será posible cuando esté en riesgo la vida, la libertad o el medio ambiente. Cuando sea una cuestión meramente patrimonial, no podrá dictarse una cautelar porque el Estado no quiebra y el particular puede conseguir un resarcimiento si después gana un juicio”, dijo.

Precisó que un juez podrá dictar una cautelar sólo por seis meses y recordó la situación de la ley de medios. “La Corte fijó este plazo como razonable, pasa que hay una Cámara (la Civil y Comercial porteña) que no hace caso”.

El proyecto obliga al juez a avisar al Estado cuando se pide una cautelar y el Estado puede dejar sin efecto la medida con sólo apelarla. “Cualquier juez puede dictar la inconstitucionalidad de una ley o un decreto, pero no tomarse cinco años para hacerlo”, reclamó.

Los otros proyectos que llegarán al Congreso son el de exámenes públicos a quienes quieran ingresar como empleados al Poder Judicial y el acceso a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes y de quienes quieran ser candidatos a cargos electivos. No enviará uno de los proyectos anunciados el 1° de marzo en el Congreso: la ley de responsabilidad del Estado, ya que está muy ligado a la limitación de las cautelares y en cambio sugirió la realización de un Código especial en el futuro.

Amplio rechazo en las bancadas opositoras

Manuel Garrido (diputado UCR). “Estamos perdiendo una oportunidad histórica para mejorar el Poder Judicial en la Argentina. Una reforma judicial hecha a la medida del Poder Ejecutivo es un retroceso para la Justicia”.

José Cano (senador UCR). “No quisimos ir porque se nos invitaba a un acto cuando las decisiones ya estaban tomadas y sólo para aplaudir, porque con nuestra presencia pensaban que íbamos a convalidar las medidas que no pudimos debatir”.

Gustavo Ferrari (diputado peronismo disidente). “No nos dejemos llevar por el decorado. El objetivo del Gobierno es controlar el Poder Judicial para consolidar su poder hegemónico. El judicial es el único que todavía no controlan. Como es un poder que empezó el año pasado a contradecir al Gobierno, ahora la Presidenta, entre otras cosas, agranda el Consejo de la Magistratura que antes achicó. Y con la reforma de las cautelares le da aun más poder al Estado y menos al ciudadano”.

Federico Pinedo (diputado PRO). “Se confirma lo que veníamos diciendo. Con esta reforma el kirchnerismo quiere poner jueces adictos para que fallen a su favor. La propuesta del Gobierno viola groseramente la Constitución.

Pablo Tonelli (diputado PRO). “Lo anunciado hoy sólo apunta a restarle poder a la Corte Suprema, a crear tribunales a integrar con jueces cercanos al gobierno, a controlar el Consejo de la Magistratura y a evitar el límite de las cautelares al Gobierno”.

Elisa Carrió (diputada Coalición Cívica) y Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur). A través de un comunicado conjunto señalaron: “Lo único que quiere el Gobierno es tener los dos tercios del Consejo de la Magistratura para nombrar, acusar y destituir Jueces. La impunidad de la que gozan los funcionarios y empresarios amigos del poder se encuentra garantizada por la ineficiencia judicial y los agentes corruptos que operan en la Justicia”, remarcaron.

 

Fuente: Diario La Voz del Interior