Críticas a intentos por acallar a la prensa

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SIP. Claudio Paolillo.
SIP. Claudio Paolillo.
SIP. Claudio Paolillo.

La SIP recibió los informes país por país. Afirman que se vivió el peor período del año por ataques a medios y a periodistas. Carlos Jornet, enviado especial a Denver, Estados Unidos. 

 

Denver, Colorado (Estados Unidos). La 69ª asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recibió ayer un crítico informe sobre la Argentina, que reitera anteriores advertencias sobre la intención del oficialismo de acallar toda voz que cuestione su discurso.

Señala el documento que 
“el último semestre –desde la reunión de medio año realizada en abril pasado en Puebla, México– ha estado poblado de obstáculos, amenazas y ataques, en su mayoría impulsados por el Gobierno nacional, que condicionan el desarrollo de la actividad periodística”.

Detalla, en ese sentido, el boicot publicitario que sufren algunos medios; el uso de recursos públicos como herramienta de coacción y disciplinamiento; el riesgo de estatización de la producción de papel para diarios y el de intervención de empresas de comunicación; la aplicación selectiva de leyes y las agresiones físicas y verbales contra periodistas, todo lo cual, se afirma, conforma “un cóctel que afecta la libertad de expresión”.

La difícil situación de los medios de prensa en la Argentina fue uno de los temas centrales de la jornada de ayer, en la que además se realizaron tres paneles centrados en recientes casos de espionaje a periodistas en Estados Unidos, en la actitud de la disidencia de Cuba frente a las trabas para el ejercicio de la actividad informativa en esa isla caribeña, con un informe previo a cargo de la bloguera Yoani Sánchez, y en la llamada ley mordaza de Ecuador.

Duro golpe económico

El documento sobre Argentina, presentado por el vicepresidente regional de la SIP, Daniel Dessein, advierte que “el boicot publicitario que promueve el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra Clarín , La Nación , Perfil y El Cronista, entre otros, lleva más de ocho meses y constituye el golpe económico más duro para los medios independientes” en las últimas décadas.

Desde febrero de este año, las principales cadenas de supermercados y electrodomésticos retiraron su pauta de las páginas de esos diarios, “lo que generó una caída de sus ingresos publicitarios –se indica– de hasta un 20 por ciento, porcentaje que en ciertos casos implica déficit operativo”, precisa el documento.

Pero señala que “esta retracción publicitaria implica también un avasallamiento del derecho del consumidor, que pierde la posibilidad de informarse acerca de precios y ofertas de productos”.

El informe sobre la Argentina remarca que la intimidación a los anunciantes privados se combina con una “arbitraria distribución” de la pauta publicitaria estatal. “Los tardíos informes oficiales sobre su distribución –precisa– indican que entre el segundo semestre de 2009 y el primero de 2012, más del 40 por ciento de los más de 300 millones de dólares distribuidos en ese período fueron destinados a cinco grupos mediáticos, que en ningún caso lideran la audiencia en sus segmentos, dentro de un universo de 15 mil medios de comunicación”.

“Estimaciones privadas 
–continúa– arrojan que en 2013, año electoral, los montos de 
publicidad oficial aumentaron y que su reparto siguió siendo empleado, en general, para nutrir a medios afines al Gobierno y castigar a los críticos. A través de una resolución firmada por el jefe de Gabinete y el ministro de Economía de la Nación, publicada en julio en el Boletín Oficial , la partida de publicidad oficial prevista en el Presupuesto se amplió de 135 a 215 millones de dólares”.

El informe hace notar que “los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecieron que la publicidad estatal no puede ser retirada como sanción gubernamental por la línea editorial de un medio, siguen sin ser acatados por el 
Gobierno.

Otro aspecto que critica el documento es la inexistencia de una ley de acceso a la información pública. Y advierte: “Esto es grave en un país en el que las estadísticas oficiales son manipuladas, en el que se censura a quienes publicitan índices alternativos a los oficiales con onerosas multas y en el que los funcionarios quiebran circunstancialmente ese esquema comunicacional clausurado”.

El informe también considera preocupante que legisladores del oficialismo hayan presentado un proyecto para expropiar acciones de Papel Prensa (la única fábrica de papel para diarios argentina), en un porcentaje que daría al Estado nacional el control de la compañía. Y afirma que la denominada ley de medios “siguió siendo objeto de cuestionamientos, tanto por su texto como por su aplicación selectiva por parte del Gobierno”.

“A cuatro años de su sanción –continúa–, el escenario mediático dista en mucho del que pregonaban sus promotores: se observa una pronunciada ‘colonización’ de medios por parte del Gobierno, multiplicación de nuevas licencias para actores estatales (que alcanzaron al 96 por ciento de las licencias otorgadas), fracaso de los concursos de televisión digital para el sector privado y una aplicación selectiva de la norma”, que –sostiene el texto aprobado por la SIP– “es utilizada, al igual que la publicidad oficial, como sistema de premios y castigos”.

Como ya ocurrió en la reunión de Puebla, representantes del diario Crónica –propiedad del Grupo Olmos, afín al kirchnerismo– expresaron su discrepancia con “la construcción maniquea, en blanco y negro, sobre la realidad argentina” y dijeron no avalar las afirmaciones sobre Papel Prensa y sobre la distribución de la publicidad oficial, aunque adhirieron a las restantes afirmaciones del documento.

Por la Argentina, participan directivos de La Nación , Clarín , El Día de La Plata, El Diario de Paraná, Diario Popular , Crónica , El Tribuno de Salta y La Gaceta de Tucumán, además de nuestra presencia, en representación de La Voz del Interiory de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.

 

Fuente: Diario La Voz del Interior