El Gobierno volvió a cuestionar las decisiones del juez Griesa

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Luego de que el magistrado de Nueva York rechazara el stay, el Ministerio de Economía difundió un comunicado con cuestionamientos por la “insólita prohibición de cobro” a los bonistas que ingresaron al canje

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Un comunicado del Ministerio de Economía señaló este martes que el juez Thomas Griesa convocó a una audiencia el miércoles “en la ciudad de Nueva York para resolver, de acuerdo a su propia orden, un conjunto de mociones que fueron presentadas hace 15 días ante su Corte” por: (1) Euroclear y Clearstream, (2) Citibank, (3) Bank of New York -BONY-, (4) JP Morgan, (5) Bonistas europeos -Eurobondholders- y (6) Fondos “buitres” (NML).

“Sin embargo, el juez Griesa, aunque reconoció que Argentina había pagado, no resolvió absolutamente nadasobre ninguna de estas cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia, manteniendo con ello suinsólita prohibición de cobro“, subrayó la nota de Economía

“Argentina, por su parte, apoyó alguna de estas mociones. Y además reiteró su solicitud de una suspensión de la sentencia (stay) remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes. Ya que tal pago violaría tanto la ley Argentina como la cláusula RUFO” (Rights Upon Future Offers o derechos sobre futuras ofertas), señaló el Palacio de Hacienda.

“Tal violación implicaría un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares, exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles”, añadió.

“EL PAGO VIOLARÍA TANTO LA LEY ARGENTINA COMO LA CLÁUSULA RUFO”

Según el comunicado de la cartera que conduce Axel Kicillof, “los fondos buitres sostienen que es imposible que la cláusula RUFO aplique. Es por esta razón que Argentina le solicitó al juez Griesa que los fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la claúsula RUFO. Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable. El juez no sólo no concedió una suspensión de su sentencia sino que además, no pronunció una sola palabra sobre la cláusula RUFOque figura en los prospectos de todos los títulos emitidos en los canjes de los años 2005 y 2010 en poder del 92,4% de los acreedores”.

La nota indica que “el día 26 de junio, tal como viene haciendo normalmente, la República Argentina realizó el pago del vencimiento de su deuda” por un monto de 1.151 millones de dólares, de los cuales 539 (millones) fueron depositados en el Bank of New York Mellon (BONY). “Sin embargo, el juez dio orden a los distintos eslabones del circuito de pagos para que no dejen cobrar a los bonistas. Es decir, actuó como un bloqueo de cobro que recayó sobre dinero que es propiedad legítima del 92,4% de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010″, argumentó Economía.

Agregó que los propietarios de los bonos le solicitaron que permita realizar el cobro, lo mismo que los bancos Euroclear, Clearstream, y hasta el propio BONY le pidió que le clarifique qué hacer con el dinero. “El juez Griesa, pese a haber convocado a la audiencia para resolver estas cuestiones, dejó todo en suspenso, amenazando a la República Argentina con lo que él insiste en denominar ‘default’, repitiendo textualmente las palabras de las solicitadas y amenazas de los fondos buitres (ATFA)”, esgrimió el escrito oficial.

Ataque a los “buitres”

“Los fondos buitres son células financieras especulativas que tienen sede en guaridas fiscales para no pagar impuestos, ni siquiera en los Estados Unidos. Nunca le prestaron dinero a la Argentina, sino que adquirieron los títulos a precio vil luego del default de 2001 con el único objetivo de conseguir un tratamiento especial, mejor que los que ingresaron a los canjes”, expresó el comunicado.

“Default es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños. La Argentina quiere honrar sus deudas con el 100% de sus acreedores en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables”, completa.

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