Envían personal al psiquiátrico de Bell Ville

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Tras las denuncias y las imágenes del horror de Colonia La Alborada, el Gobierno incorporó ayer enfermeros, psiquiatras y otros especialistas. El fuero Anticorrupción investiga posibles delitos de las autoridades provinciales actuales y pasadas.

La revelación de las crudas imágenes que mostraban el precario estado edilicio y de los pacientes de una parte del neuropsiquiátrico del Hospital de Bell Ville tuvo un efecto contundente: el Gobierno de Córdoba puso ayer en funciones a 11 nuevos enfermeros, dos psiquiatras, una psicóloga, un tallerista de rehabilitación sociolaboral y una persona más para mantenimiento y maestranza.

Así lo confirmaron fuentes del área de Salud Mental de ese centro de salud, que se mostraron satisfechas ya que hace más de un año que la comunidad hospitalaria venía reclamando mayores recursos humanos y materiales en el deteriorado edificio.

La incorporación de enfermeros era una de las principales solicitudes, ya que por distintos motivos nunca había más de tres de ellos por turno, para atender salas de 80 pacientes con patologías de retraso mental profundo.

La decisión se tomó tras la difusión de las impactantes imágenes tomadas por la legisladora del Frente Cívico Liliana Montero, quien hace una semana había estado en el lugar junto a la legisladora Graciela Sánchez y a Gustavo Calzolari, integrante de la Asociación de Psiquiatras de Córdoba.

Las fotografías fueron difundidas el pasado miércoles 10 de abril en La Voz del Interior , y allí se mostraba cómo vivían los pacientes de una las salas de la Colonia Alborada: paredes repletas de humedad, pisos rotos, cuartos de contención, residuos patógenos al aire libre, gente desnuda, baños inutilizables, mujeres rapadas y otros signos del estado de precariedad y abandono del lugar y de sus internos.

Los reclamos sobre el estado de ese complejo psiquiátrico eran motivo de reclamos desde al menos marzo del año pasado, y fue advertido también por jueces, Defensoría del Pueblo, exautoridades de Salud Mental y otros legisladores.

Sin embargo, sólo después de la divulgación de las imágenes el Gobierno decidió adelantar obras que, aseguran, ya estaban previstas.

A pesar de ello, el jueves el gobernador José Manuel de la Sota aseguró que recién ahora se entera de la situación. “Me duele el corazón igual que a ustedes. Ahora quiero saber por qué. Voy a invertir lo que tenga que invertir para que esto cambie”, dijo.

Pero Francisco Montaldo, quien fuera director de Salud Mental en el primer tramo del actual mandato de De la Sota, dijo que hace más de un año que no se toman en cuenta advertencias sobre el estado del área.

La Justicia investiga. Por su parte, la Justicia finalmente decidió que tales denuncias –una de ellas formulada por Montero en octubre de 2012– pasaran al fuero Anticorrupción.

De hecho, apenas recibió la causa, el miércoles pasado, la Fiscalía en lo Penal Económico de 2ª nominación, a cargo de Gustavo Hidalgo, envió un equipo de especialistas para relevar el estado de la Colonia Alborada. También lo hizo con otros centros provinciales de salud mental incluidos en una de las denuncias.

La investigación judicial intentará develar el estado de esos establecimientos.

Y también si a las autoridades y exautoridades provinciales (Poder Ejecutivo y funcionarios de Salud), podría caberles alguna responsabilidad por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, abandono de persona, violación de tratados internacionales y de la ley de Salud Mental nacional.