El Congreso sancionó la nueva Ley de Hidrocarburos

0
172

En una sesión maratónica y álgida, Diputados aprobó la norma. El oficialismo consiguió 130 votos, contra 116 de la oposición. Las voces críticas denunciaron que la Casa Rosada decidió favorecer extraordinariamente a las petroleras -en detrimento de las provincias productoras- por la urgencia que tiene de revertir el déficit comercial energético.

0011654469

Por Mario Fiore

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, pasadas las 2 de la mañana, las reformas a la Ley de Hidrocarburos que el Gobierno envió al Congreso con el objetivo de atraer inversiones para el bloque Vaca Muerta y frenar la sangría de dólares que se va en la importación de energía (unos U$S 13.000 millones este año). El kirchnerismo consiguió 130 votos afirmativos, contra 116 votos que juntó toda la oposición, y convirtió así en ley la iniciativa que ya contaba con media sanción del Senado.

La flamante ley establece plazos más reducidos para la exploración de las áreas y más largos para la explotación (25 años para los yacimientos convencionales, 30 para el off-shore y 35 para los yacimientos de shale) y autoriza a las provincias y a la Nación a conceder prórrogas de 10 años, sin limitarlas ya que el artículo 9° afirma que serán de una década “cada una de ellas”.

La norma también permite subdividir, a pedido de las empresas, áreas si en un yacimiento convencional se descubren hidrocarburos no convencionales, por lo que una firma podrá quedarse explotando las áreas al menos 45 años, es decir toda la vida útil de un pozo. Pero si solicita dos o más prórrogas, la concesión se tornaría a perpetuidad.

Además, la ley pone un límite a las regalías que cobran las provincias (12%, que puede crecer hasta un 18% si las petroleras acceden a prórrogas), impide a las empresas de energía provinciales cobrar “carrier” o acarreo a otras firmas, ya que se prohíbe la cesión de áreas para estas firmas estatales, y plantea en un anexo la necesidad de que todas las provincias firmen un acuerdo fiscal que fije en 3% la alícuota de Ingresos Brutos y el no cobro del impuesto a los Sellos para el sector petrolero, y definan paralelamente pautas ambientales.

Por otro lado, se fija como inversión mínima U$S 250 millones y se le permite a las empresas, a partir del tercer año, girar utilidades (un 20% para las explotaciones convencionales y de shale y un 60% para las off-shore).

A su vez, las provincias podrán acceder, para compensar el esfuerzo fiscal que deben realizar, a un canon de concesión y a un bono de prórroga, pero deberán negociar con la Secretaría de Energía una pliego modelo para utilizar en todas las licitaciones, del que no podrán apartarse, por lo cual la oposición señaló que la norma avasalla la potestad constitucional de las provincias de administrar los recursos naturales.

Fuego cruzado

El debate duró más de trece horas y tuvo momentos calientes ya que el arco no K cuestionó fuertemente el proyecto oficialista. De derecha a izquierda todos los bloques coincidieron en que la norma aprobada esta madrugada es “un atajo” del Gobierno para frenar la salida de dólares del Banco Central que año a año se van por el déficit de la balanza comercial energética y que por ello mismo la Casa Rosada optó darle extraordinarios beneficios a las empresas petroleras –incluida YPF- a costa de los intereses de las provincias petroleras.

En tanto, desde el oficialismo se defendió la norma asegurando que se trata de un paso necesario para lograr el autoabastecimiento energético. “Sí, queremos capitales. La verdad, parecen la ´Gata Flora´ porque cuando no atraemos inversiones nos critican y cuando las traemos también nos pegan”, les dijo la jefa del bloque K, Juliana Di Tullio, al final del debate a los opositores.

Pocos minutos antes, Federico Sturzenegger, de la bancada del PRO, miró fijo a los legisladores del Frente para la Victoria y los acusó de “regalar el petróleo” a las empresas más concentradas del sector. No se quedó con esta acusación, también le puso monto a tamaño obsequio. “Una manera de calcular lo que hoy estamos regalando es a través de las regalías, por ejemplo si las fijáramos a un 25% como tienen países vecinos, teniendo en cuenta que esta ley las pone en un 12% y que pueden llegar a un 15% si hay una prórroga, entonces podemos concluir que ese 10% de menos son 450.000 millones de dólares. Eso es lo que estamos regalando hoy”, puntualizó. “Es el equivalente a dos veces la deuda externa argentina”, redondeó.

Desde el massismo, el ex gobernador de Chubut Mario Das Neves provocó enojos en las bancada K al denunciar que no hubo acuerdo entre los gobernadores de las provincias petroleras y la Casa Rosada. “La verdad es que el consenso al que se llegó con los gobernadores fue un apriete. Hubo cuatro mandatarios, los de Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén, que hicieron observaciones y por este disenso cuando se firmó el Programa de Desendeudamiento de las provincias, las cuatro quedaron marginadas”, remarcó.

El presidente del bloque radical, el cordobés Mario Negri, también se sumó al argumento de la “urgencia” del Gobierno por divisas para explicar las enormes ventajas que la ley les da a las petroleras. “Necesitan dólares, necesitan plata. Esto es una estrategia rentista y cortoplacista. Acá no estamos frente a una ley general regulatoria, acá estamos con una ley rápida para prorrogar concesiones, llena de privilegios, y escandalosa”, bramó.

Al comienzo de la larga jornada, otro macrista, Federico Pinedo, abonó la misma crítica: “El Gobierno se ve obligado a hacer concesiones extraordinarias a las multinacionales que nosotros nunca hubiéramos hecho”, dijo. Y el delasotista Juan Schiaretti (Unión por Córdoba) completó la idea: “Se está dejando de lado la necesidad de la Argentina por la urgencia de dólares que tiene el Gobierno y todo el mundo sabe que es el capitalista el que fija las condiciones cuando un Estado está necesitado de caja”.

Desde la vereda ideológicamente opuesta, Claudio Lozano (Unidad Popular) sostuvo: “Lo que nos preocupa es que en nombre de las urgencias de corto plazo se estén dando un cúmulo de concesiones que suponen una entrega monumental a multinacionales y empresas oligopólicas de un recurso estratégico, y que todo esto se haga con costos ambientales potencialmente gravísimos”.