Quitan ventaja jubilatoria a policías y funcionarios judiciales removidos

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Serán excluidos de los regímenes especiales que les permiten retirarse con menos edad. Se evita que inicien la jubilación en medio de un sumario o un juicio político. El proyecto oficial ingresó a la Legislatura.

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Por Daniel E. Alonso

El Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que modifica los regímenes especiales que regulan el acceso a la jubilación de policías, jueces y funcionarios judiciales.

La iniciativa excluye de esos beneficios al personal policial y penitenciario, y a los magistrados y funcionarios judiciales que hayan sido exonerados o removidos de sus cargos, aún cuando no haya culminado el sumario administrativo o el juicio político.

“El espíritu del proyecto es que, frente a un proceso sancionatorio firme, se pierden los beneficios del régimen especial, sin que ello implique resignar los años de aportes ni la posibilidad de acceder a la jubilación del régimen general”, explicó el legislador Sergio Busso.

¿Cuáles son las ventajas? Mientras la jubilación ordinaria se gatilla a los 65 años de edad y con 30 de servicio, en el régimen judicial se accede al cumplir los 60 años.

En el caso de las fuerzas de seguridad, el menú es algo más amplio y depende del cargo, pero el esquema contempla casos desde 45 años de edad.

La iniciativa apunta a una frontera delicada, que es la que se erige cuando se inicia un proceso para analizar la conducta desempeñada por estos funcionarios y agentes, justo cuando los acusados están cerca de cumplir las condiciones para jubilarse.

Con este cambio, entonces, un juez o un fiscal que se encuentre sometido a un juicio político o un proceso de destitución, no podrá iniciar los trámites previsionales.

De esa forma, quedarán suspendidas las ventajas del régimen especial. Si ese proceso decanta en la remoción del cargo, ese funcionario pasa directo al régimen ordinario. En cambio, si resulta favorecido, recupera los beneficios.

Lo mismo ocurrirá cuando se promueva un sumario administrativo policial. Aquí la Caja acordará el retiro de manera provisoria hasta que se haya producido el pronunciamiento del Tribunal de Conducta.

Si eso implica la imposición de sanciones que deriven en la pérdida del estado policial o penitenciario, se extinguirá el beneficio acordado.

El proyecto que llegó a la Unicameral fue planteado tiempo atrás por la Caja de Jubilaciones, para evitar la especulación en procesos sancionatorios judiciales y policiales.

Pero también llega tras la crisis policial del año pasado, que derivó en expedientes administrativos, además de casos llevados a Tribunales. La letra chica, además del área legal del organismo previsional, también pasó por la Fiscalía de Estado.

Proyecto en tratamiento

Si bien la iniciativa oficial ya está en la Unicameral, fuentes legislativas indicaron que la modificación a los regímenes especiales no será tratada mañana.