Sobreseyeron a Mestre en la causa por subsidios al transporte

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Al igual que el fiscal, el juez Bustos Fierro determinó que no existió delito alguno ni perjuicio al Estado. Todos los imputados quedaron liberados.

7-mestre

Por Redacción LAVOZ

El juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro, sobreseyó al intendente de Córdoba, Ramón Javier Mestre, en la causa en que estuvo imputado por defraudación en perjuicio de la administración pública, por el supuesto desvío de subsidios al transporte público.

En un fallo taxativo, Bustos Fierro establece que no hubo perjuicio de ningún tipo al Estado nacional –ese era el supuesto hecho que daba lugar a la carátula de defraudación a la administración pública– y que tampoco existió dolo ni intención de desviar los subsidios que correspondían a ocho colectivos de Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado (Tamse) a los fines de beneficiar a las empresas Ersa y Autobuses Santa Fe, que entonces conformaban una UTE.

La resolución de Bustos Fierro también incluye al exfuncionario municipal Juan Pablo Díaz Cardeilhac, al actual secretario de Transporte César Alejandro Ferreyra y al titular de la empresa Ersa, Juan Carlos Romero.

La decisión fue tomada ayer al mediodía y confirma el sobreseimiento solicitado por el fiscal Gustavo Vidal Lascano, quien desestimó la acción penal que había promovido luego de la indagatoria a algunos de los imputados. Él y el juez coincidieron en que no existe delito alguno en la tramitación de los subsidios.

La causa surgió de un pedido de investigación del concejal del Frente Cívico Daniel Juez. Luego de las imputaciones, el edil amplió la denuncia original –que apuntaba al desvío de los subsidios de ocho colectivos– y acercó a la Fiscalía supuestos desvíos de los subsidios de otras unidades de la empresa Ciudad de Córdoba, también en beneficio de la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe. Esa ampliación de denuncia fue desestimada de plano por la Justicia, puesto que en ese caso el hecho denunciado se limitaba a una diferencia entre privados.

Los argumentos del sobreseimiento siguen la línea de los planteos defensivos de los imputados. Es más, el fallo establece que no hubo engaño ni ardid en la información que el municipio envió a la Nación, sino que se trató de un error de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

“El hecho investigado no se cometió, ya que se comprobó que no hubo declaraciones juradas falsas que indujeran a error y por lo tanto no existió ningún ardid o engaño, tan solo un error administrativo por parte de la CNRT, no atribuible a los imputados. Pero a mayor abundamiento, y teniendo en cuenta la trascendencia y exposición pública de los imputados corresponde despejar toda sospecha en relación al hecho investigado para dejar claro que la conducta reprochada no existió y que el proceder de los mismos fue ajustado a derecho”, abunda el fallo de Bustos Fierro, a los fines de dejar a salvo “el buen nombre y honor” de quienes estuvieron imputados en la causa.

Al momento de las imputaciones, la empresa Ersa informó que el dinero que había recibido erróneamente ya había sido transferido a Tamse.

En la Municipalidad de Córdoba, la versión fue siempre la misma: que el hecho denunciado por Juez nunca había existido y que tanto la información sobre el supuesto desvío de subsidios como el pedido de investigación judicial sólo tenían el objetivo político de desacreditar a la administración de Ramón Mestre.

La causa por dádivas

El intendente Ramón Mestre, el viceintendente Marcelo Cossar y el ex secretario privado del municipio, Juan Pablo Ostanelli, están siendo investigados por el fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco. En ese caso, la denuncia fue presentada por Luis Juez, por supuestas dádivas de Ersa.