Treinta años de policías

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Los escándalos en las filas de la Policía de la Provincia no han sido una extrañeza en estas tres décadas de vida democrática. Los esfuerzosde los sucesivos gobiernos por terminar de darle prolijidad a una institución que fue marcada a fuego por la dictadura. Un problemapermanente para el poder político.

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La Policía es una de las instituciones argentinas que más tardó en seguir el ritmo de los nuevos tiempos democráticos que se inauguraron en 1983. Militarizada durante la dictadura y convertida en mano de obra de secuestros y torturas, ha vivido las tres últimas décadas bailando al borde de la institucionalidad y acompañada por el descrédito.

La versión cordobesa de la fuerza de seguridad en estos 30 años estuvo lejos de alcanzar los extremos delictivos a los que llegó, por ejemplo, la policía santiagueña en los tiempos del matrimonio de Carlos “Tata” Juárez y Mercedes “Nina” Aragonés, que siguió desarrollando el espionaje y participando en graves crímenes hasta entrado el siglo 21.

Tampoco conoció el desprestigio total que sufrió su similar de la provincia de Buenos Aires en tiempos del gobernador Eduardo Duhalde, en la década de 1990, cuando la fuerza dirigida por el comisario Pedro Klodczyk se hizo conocida en todo el país como la “maldita policía”, gracias a sus zonas liberadas y a los 12 efectivos que estuvieron implicados en el atentado contra la mutual judía Amia, en 1994.

Un dolor de cabeza

Igual, la Policía cordobesa siempre ha sido un motivo de marcada preocupación para la Provincia y un protagonista que le deparó grandes dolores de cabeza a cada uno de los gobernadores, que a veces vieron peligrar sus carreras políticas por diversos escándalos vinculados con la fuerza.

La herencia del gobierno militar en la Policía cordobesa se extendió claramente durante una década y media de democracia. Un grupo de policías que tuvo una participación destacada en el centro de detención y tortura D2, que funcionó en el Cabildo entre 1974 y 1978, se mantuvo activo durante las tres administraciones de Eduardo Angeloz (entre 1983 y 1995) y hasta la mitad del mandato de su sucesor, Ramón Mestre, en 1997. Un año después, el entonces ministro de Asuntos Institucionales, Oscar Aguad, presentaba un proyecto para desmilitarizar a la Policía.

El sillón del jefe de Policía es lo más parecido a una silla eléctrica que hay entre los cargos públicos provinciales. En estos 30 años de democracia, por la Jefatura de Córdoba pasaron 17 jefes. Seis recorrieron el trayecto de los tres mandatos de Eduardo Angeloz, mientras que José Manuel de la Sota, con dos años todavía por delante, ya suma nueve jefes policiales en sus tre s administraciones. En promedio, los jefes policiales tienen una vida útil inferior a los dos años de gestión.

El primer jefe policial de la democracia, Dalmacio Achával, debió abandonar el cargo luego de que casi atentaran contra la vida del presidente Raúl Alfonsín, cuando colocaron una bomba que no explotó, en su visita al Tercer Cuerpo de Ejército en 1986.

La última cúpula policial delasotista, encabezada por Ramón Frías, asumió a fines del año pasado y apenas duró nueve meses. Fue eyectada por el actual escándalo que expuso la presunta vinculación de policías, narcotraficantes e informantes.

Errores y escándalos

La enorme mayoría de los 17 jefes policiales que ha tenido Córdoba en las últimas tres décadas sufrieron algún escándalo particular que explicó sus expulsiones o renuncias. Quizá el peor momento de la Policía cordobesa se vivió en 2005, durante la segunda gobernación de De la Sota, cuando una huelga policial que duró varios días, seguida de la fuga del secuestrador Martín Luzi de la cárcel de Bouwer, determinó la caída del jefe Ibán Altamirano.

En aquella ocasión, el gobernador anunció que se había acabado el tiempo de los errores en la Policía y se arrepintió, públicamente, de “haber democratizado” la fuerza cuando aumentó el control civil, dándole participación en el órgano disciplinario policial. Una postura de la que pareció volver hace pocos días, cuando envió un proyecto para que sean los legisladores quienes designen a los futuros jefes de Drogas, aunque rápidamente cambió esa decisión y pidió posponer el tratamiento de la iniciativa.

Otros momentos difíciles estuvieron vinculados con homicidios o secuestros resonantes. Algunos fueron resueltos con éxito, como el secuestro de Shirley de Unzueta, una dirigente radical de la localidad de Pueblo Italiano (departamento Unión), quien estuvo secuestrada 64 días en 1991, y la identificación del violador serial Marcelo Sajen, quien luego de violar a casi un centenar de mujeres terminó suicidándose en 2004, acorralado por los policías.

La tortura y el asesinato de Mario Sargiotti en la Jefatura de Policía, en 1990, hecho por el que fueron condenados ocho policías, y el irresuelto homicidio del exsenador provincial radical Regino Maders, en 1991, fueron, por el contrario, algunos de los puntos más bajos de la Policía cordobesa en la consideración pública.

Lo mismo ocurriría años después con los homicidios del guía palomero Rafael Muriel, en 1997, y de Nora Dalmasso, en 2006 en Río Cuarto, que jamás fueron resueltos. El último caso sumó, además, a varios policías como sospechados de haberse comportado de manera ilegal en la investigación.

Más que una sensación

La preocupación por la inseguridad, que en la década de 1980 aparecía detrás de temas como el afianzamiento democrático, la reforma educativa, la inflación y el desempleo, fue creciendo hasta llegar a ser uno de los principales temas con los que hoy debe lidiar todo mandatario.

En las primeras administraciones democráticas cordobesas, la Policía era una institución bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. Luego, nacieron las secretarías de Seguridad y, finalmente, se convirtió en un problema tan grande que necesitó un Ministerio de Seguridad, tal como ocurre en la actualidad.

Cada jefe de Policía que asumió llegó con un pedido de mayor equipamiento y modernización. Las armas, los chalecos antibalas, los escudos antidisturbios, los móviles y el nivel salarial nunca terminan de ser suficientes para una fuerza que en este lapso, respondiendo al reclamo social de mayor presencia policial, pasó de tener siete mil efectivos a cerca de 21 mil, como posee en la actualidad.

En 2010, por primera vez, Córdoba pasó a tener más policías que Santa Fe, al superar los 20 mil efectivos. Hoy, si la Policía fuera una ciudad, estaría en la lista de las 25 más pobladas de la provincia de Córdoba.

Los dos jefes policiales de larga duración que tuvo la provincia fueron Jorge Rodríguez (2001-2005) y Alejo Paredes (2007-2011). Ambos estuvieron cuatro años en el cargo y, cuando lo abandonaron, fueron a ocupar cargos políticos en el área de Seguridad. Paredes fue, además, uno de los dos jefes que mantuvieron el cargo pese al cambio de gobernador: en 2007 siguió en funciones con la llegada de Juan Schiaretti. En 1997, Máximo Lascano venía de ser jefe con Mestre y continuó con la llegada de De la Sota.

Nuevas estructuras

El aumento en el número de policías y el mejoramiento de los salarios elevó la apreciación social del trabajo policial. Cada año se repite la situación de un ingreso con postulantes que llegan con vocación de servicio policial, pero de muchos más que llegan en busca de un mejor ingreso.

En no pocas ocasiones, el marketing electoral terminó ejecutando su sesión de maquillaje sobre la Policía y se crearon cuerpos de vigilancia de nombres y siglas novedosas, pero que terminaron teniendo poca vida. Así sucedió, por ejemplo, con el Comando de Persecución Inmediata (CPI), anunciado por De la Sota en 2007.

Una excepción fue la creación, en 2003, del Comando de Acción Preventiva (CAP), que reemplazó a las viejas patrullas y al anterior Comando Radioeléctrico, encargado de recorrer la Capital. Las viejas policías regionales, que incluían varios departamentos provinciales, fueron reemplazadas por las 25 unidades departamentales con que hoy cuenta el interior provincial, mientras la Capital está dividida en 10 distritos.

En 2007, en una de las últimas y más discutidas creaciones, regresó la Policía Caminera para controlar las rutas, recaudar y tratar de disminuir la cantidad de muertos en tragedias.

La organización interna de la institución ha sido uno de los temás más recurrentes ante cada cambio en la conducción policial y terminó reflejando cuáles eran las necesidades políticas de cada administración: si jerarquizar la lucha contra el narcotráfico, o los homicidios, o la división de robos. Siempre, las áreas más conflictivas, capaces de catapultar fuera de la jefatura a un jefe, fueron las vinculadas con sustracción de automotores y narcotráfico, que han dado muestras en algunas épocas, como la actual, de ser una peligrosa y porosa frontera entre la legalidad y el delito.

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