Una división tajante en leyes fundamentales

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Congreso Nacional
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Varias castigan a la provincia. Seis legisladores cordobeses votaron todas las últimas normas clave de CFK a libro cerrado. Los 15 restantes las rechazaron en bloque.

 

Los registros del Congreso marcan la rígida división de los partidos cordobeses con representación política a nivel nacional frente a las “leyes en tropel” que hizo sancionar en las últimas semanas Cristina Fernández.

Algo más del 14 por ciento de los 18 diputados y los tres senadores por Córdoba votó siempre en bloque y avalando la modalidad exprés que impone la Presidencia al Congreso.

MAPA. Cómo votaron los cordobeses

El resto se manifestó invariablemente en contra, con excepción de algunas ausencias, a veces personales y otras como respuesta de los bloques frente a la imposibilidad del debate.

Las cinco leyes en cuestión son importantes. La del Presupuesto 2015, por citar un ejemplo, ratifica los superpoderes que cede el Congreso al Ejecutivo.

Esa cesión de atributos legislativos es no sólo para que el Ejecutivo modifique a piacere las partidas, también para que tenga total discreción para gastar recursos que están subestimados.

Más importante: la norma supone, una vez más, un fuerte castigo para Córdoba en la distribución de los recursos nacionales. Los legisladores que la avalaron apoyaron, por dar apenas un ejemplo, que prácticamente todo el multimillonario costo de los servicios ferroviarios y de agua y saneamiento en Capital Federal y conurbano bonaerense se pague con fondos nacionales, sin que haya equivalencias siquiera cercanas para el resto de las provincias.

La llamada “ley de Pago Soberano y Local” no sólo era importante –pretendió ser una alternativa para pagar a bonistas que no podían cobrar en Estados Unidos por derivaciones del fallo judicial estadounidense favorable a los fondos buitre–, sino que va camino a ser una muestra de improvisación que sirvió para encender por un mes los corazones nacionalistas y acusar a los críticos de “vendepatria”.

De hecho, la propuesta fue redondamente ignorada por los acreedores argentinos, mientras el país agravó su situación: ayer, la Argentina oficializó un nuevo evento dedefault que la pone a tiro de gomera para que grupos de acreedores demanden la devolución total de sus acreencias, en lo que se llama “aceleración”.

Puede terminar en papelón si los mismos diputados son convocados a votar una nueva ley para derogar el “pago soberano y local”, si, como dicen especialistas, esa norma llega a impedir el pago a los fondos buitre que, según trascendidos, el ministro de Economía, Axel Kicillof, quiere realizar a partir de enero, cuando caiga la cláusula Rufo que impide mejorar ofertas a los holdouts si no se les concede lo mismo a los bonistas que ingresaron a los canjes. Según esos analistas, ahora la cláusula Rufo está vigente de por vida en esa ley votada a las apuradas.

También partió las aguas la llamada “ley de Abastecimiento”, resistida con uñas y dientes por los sectores empresarios, que ya avisaron su decisión de judicializarla para pedir su inconstitucionalidad. Básicamente, la ley habilita maneras diversas para que el Poder Ejecutivo fuerce a las empresas a desistir de respuestas protectivas que puedan tomar frente a un escenario macroeconómico del que no son responsables ellas, sino quienes llevan adelante las políticas públicas.

El caso típico es el de la producción agrícola. El campo teme que la ley sirva en algún momento a forzar la venta de granos que los productores retienen para protegerse de la inflación.

En términos muy generales, esta también es una ley con sesgo “anti-Córdoba”. En efecto, es en esta provincia y en otras como Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, por dar un ejemplo, donde el sector privado tiene más relevancia en relación con el estatal. Para decirlo de otro modo: para un legislador de Catamarca debe haber sido más “razonable” votarla, dado que casi no hay empresas privadas que puedan ser eventualmente afectadas.

Hubo un caso en que la ley fue el resultado de un frondoso trabajo previo: la unificación y reforma de los códigos Civil y Comercial. Pero el trabajo no fue elaborado por los legisladores, sino por una comisión designada por decreto presidencial.

Encima, Cristina Fernández dejó la impresión de haberse jugado al truco algunos aspectos importantes del proyecto en un mano a mano con el Papa. Pocos días después de reunirse con él aceleraron la sanción del Código y modificaron de apuro una definición clave: la del inicio legal de la vida. De todos modos, los legisladores K, algunos a su pesar, levantaron la mano. Ese día, los opositores abandonaron sus bancas en protesta por lo que consideraron la falta total de debate frente a una legislación tan importante.

Una norma fundamental, porque determinará cómo y quiénes se quedarán con las áreas petroleras –incluso Vaca Muerta– y cuánto sobrecosto tendrá la energía a partir de los beneficios concedidos a las provincias petroleras, fue ley de hidrocarburos, cuya racionalidad e incentivos nadie se molestó en explicar.

Muchos especialistas advierten que el Gobierno, desesperado por lograr inversiones, se prepara con esa norma para compensar con larguísimos plazos de concesión el alto riesgo que implica invertir hoy en Argentina a raíz de la incertidumbre de sus políticas. Y alertan que, así, Argentina podría quedar engrampada cediendo por muchos años proyectos que sólo se van a concretar a las altísimas tasas de retorno que exigen los inversores para enterrar un dólar en el país. Y que, por ende, esas altas tasas de retorno durarán décadas, aunque en el futuro la macro argentina mejore y ya no las justifique.

Pero, claro, la cuestión no fue debatida. Los legisladores cordobeses, por ejemplo, o no repararon o no pudieron aprovechar la oportunidad para negociar la histórica condición de exportadora neta de impuestos nacionales de Córdoba y otras provincias a cambio de los fuertes beneficios que se garantizan a las provincias petroleras, que, pese a eso, seguirán recibiendo una proporción exagerada de los impuestos que se pagan en distritos como Córdoba.

La tajante y reiterada zanja entre legisladores oficialistas y opositores es, en sí misma, una demostración de la falta de consenso y debate con que el Gobierno nacional ha arremetido en su último tramo de gestión para sacar leyes fundamentales que nunca se molestó en impulsar durante una década.

 

Fuente: Diario La Voz del Interior